¡Gracias por tu interés en contactar con Cirkuits Forensic Lab! Estoy encantado de poder ayudarte y responder a todas tus preguntas.

Encontrarás diferentes opciones para ponerte en contacto de manera rápida y sencilla. Tu opinión y tus inquietudes son de gran importancia, por lo que me quiero asegurar de que tengas las vías adecuadas para comunicarte.

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Aquí respondo de forma clara a las preguntas más comunes sobre análisis digital y uso en procesos legales.

No es imprescindible. Puedes contactar directamente conmigo para valorar tu caso. Te explicaré los pasos a seguir y, si lo necesitas, puedo orientarte para encontrar un abogado adecuado.

El plazo varía según la dificultad del caso. En situaciones urgentes, puedo ofrecer un avance en pocos días. Un estudio completo suele llevar entre una y dos semanas aproximadamente.

Se pueden analizar muchos dispositivos: ordenadores, teléfonos móviles, discos duros, memorias USB, servidores o sistemas de videovigilancia. También trabajo con correos electrónicos, redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Sí, siempre que se realice correctamente. Los informes siguen procedimientos técnicos reconocidos y cumplen con los requisitos legales necesarios para poder presentarse en un juicio.

Sí. Toda la información se trata con absoluta confidencialidad. Se respetan las leyes de protección de datos y, si es necesario, se firman acuerdos específicos para reforzar la privacidad.

No hay un precio fijo, ya que cada caso es diferente. El coste depende del tipo de dispositivo, la cantidad de información a revisar y la urgencia. Después de una primera toma de contacto gratuita, te doy un presupuesto cerrado y sin sorpresas. Normalmente ronda entre los 200€ a 1.500€.

Es un análisis que se hace para revisar o rebatir el informe pericial de la otra parte. Suele aumentar el coste porque implica estudiar ese informe previo y, además, realizar un nuevo análisis técnico.

Normalmente solicito que la ratificación se realice por videoconferencia. No obstante, la decisión final depende del órgano juzgador, que puede requerir la comparecencia presencial. En este caso, el coste puede variar debido a gastos de desplazamiento, dietas o alojamiento.